La Vanguardia

El gran teatro de la investidura tiene tres hipotéticos desenlaces. Todos son dramáticos. El primero, aún no conjurado por completo, es la repetición de las elecciones si Feijóo o Sánchez no obtienen una mayoría parlamentaria suficiente para convertirse en presidentes. El segundo, si el aspirante del PSOE resulta elegido, pasa por una crisis interna en Génova. Y el tercero, si se diese una sorpresa en el último minuto –la liebre de la chistera, en este caso, podría hablar en euskera– implica convertir lo improbable en factible. También supondrá pagar un precio. En cualquiera de estas variantes se llega a la misma conclusión: ni el PSOE ni el PP, que son los dos grandes partidos de la segunda restauración (monárquica) española, equivalentes a los antiguos consorcios de intereses conservadores y liberales de la monarquía alfonsina, pueden alcanzar el poder sin la colaboración, por acción u omisión, de las élites políticas periféricas.

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La incierta singladura de España desde el modelo autonómico vigente a un sistema territorial asimétrico, que algunos llaman federal, no requiere una reforma constitucional. Puede lograrse por la vía, más rápida aunque no por eso menos problemática y tormentosa, de la financiación regional, que está llamada a ser, tras la inminente elección de la Mesa del Congreso y la investidura del futuro presidente del Gobierno, la batalla capital de la nueva legislatura, si es que no queda abortada ‘in media res’ por una nueva convocatoria electoral. Todo está abierto. A la espera del desenlace de los puestos de mando en el Parlamento y de la entronización de Sánchez o Feijóo, las autonomías han empezado a adoptar posiciones de combate y ensayan con sus armas –jurídicas y argumentales– en el campo de tiro. Todas se juegan dinero, poder y capacidad política. Algunas, incluso más: su propia razón de ser. Lo que se va a dirimir una vez tengamos un nuevo gobierno en la Moncloa no es únicamente la mayoría parlamentaria que debe regir el país los próximos cuatro años, sino la verdadera articulación (financiera) del Estado.

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“No hay dinero en la poesía, pero tampoco hay poesía en el dinero”. Robert Graves, el escritor británico, que está enterrado con una corona de arbustos bajo una sencilla lápida de barro en Deià (Baleares), una de las regiones con mayor renta de España, creía que esta doble ausencia –del oro en lírica y del lirismo en los negocios– protege a la primera de la corrupción que, al igual que la tradición del canto, acompaña el acontecer humano desde el origen del mundo. Elegir convertirse en poeta tiene un precio: debe profesarse la pobreza con dignidad. Graves lo sabía de primera mano porque fueron sus novelas históricas –sobre todo Yo, Claudio– las que le ayudaron a cobrar derechos de autor; sus poemas y su gran ensayo –La diosa blanca–, dedicado a la Musa, eran editorialmente menos rentables, aunque elevaran su espíritu. 

Algo similar sucede en la guerra (perpetua) de la financiación autonómica, que Moncloa acaba de resucitar, en paralelo a las negociaciones para intentar investir como presidente a Pedro Sánchez, después de más de un lustro negándose a tratarla, a pesar de que el sistema regional de reparto de fondos lleva caducado hace casi un decenio. Todas las partes afectadas simulan hablar en verso –apelan a la España plural, a la identidad, a la singularidad, a la lengua propia– pero el fondo de la discusión es absolutamente prosaico.¿Cuánto y a cambio de qué? Un discurso idéntico al parlamento de un tratante de ganado. 

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En política no caben las alegorías. La disputa y la conservación del poder no son guerras abstractas, sino batallas concretas y terrestres. Todos los relatos que construyen los partidos para triunfar se confían al sortilegio de la ficción (en general, sentimental), pero todas estas fábulas, al menos en las democracias, son sometidas de forma constante al prosaísmo vulgar de las urnas. Del contraste entre los cuentos (partidarios) y las verdades (los votos) nacen los milagros y también muchas calamidades, madres eternas de sus hijas: las disputas. El saldo del 23J –dos bloques electorales sin mayoría garantizada– se asemeja en Andalucía a la figuración de un espejo: lo que se ve no es lo mismo que se mira. Las apariencias, en este caso, esconden un enigma. Por eso, tras trazarse el nuevo mapa electoral, Juan Manuel Moreno Bonilla se preocupó de poner en escena a toda prisa en el parlamento autonómico una serie que podría titularse así: ‘Urgente y categórico distanciamiento de Vox. Temporada 1’.

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Las analogías, tanto en retórica como en literatura, operan en esa dimensión (simbólica) que Roman Jakobson definió como el espacio mágico de la contaminación por contacto. El lingüista ruso denominaba de esta manera el proceso (intelectual) mediante el cual un término es descrito en virtud de las cualidades de otro. Es la fórmula que encierra cualquier definición –explicar una palabra usando otras palabras– y gobierna el arte de la metáfora y la metonimia. Las asociaciones conceptuales, sin embargo, en política deben ser manejadas con sumo tacto. Su errónea administración, o las dosis excesivas, pueden convertir a un candidato electoral en un zombie. En una metáfora rigen tres elementos: el objeto del que realmente se habla (tenor), el objeto que se invoca o nombra (vehículo) y la relación entre ambos (fundamento). Feijóo contaba antes del 23J con los dos primeros –la profecía decía: “En España va a pasar lo mismo que hace un año sucedió en Andalucía”–, pero le ha faltado el tercero. El exceso de confianza y la polarización, por supuesto interesada, le han conducido a esa zona fantasma donde los triunfadores son vistos por todo el mundo, comenzando por ellos, como perdedores.

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