La Vanguardia

El cambio político en Andalucía, gobernada por las derechas desde hace medio año, lejos de avanzar, retrocede a toda velocidad y corre el riesgo de quedarse –como se temía nada más constituirse el bipartito entre PP y Cs– en una mera alteración nominativa. Perduran los vicios de siempre, aunque con caras distintas. El ejemplo palmario, que se suma a la ausencia de una verdadera reforma integral de la Junta, es la renovación de la Radio Televisión Andaluza (Canal Sur) y el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), dos instituciones públicas de representación parlamentaria blindadas en el Estatuto de Autonomía que llevan más de un lustro en una situación de ilegalidad al no haber renovado a tiempo sus máximos órganos de gobierno. Un acuerdo tácito entre PSOE y PP, que ignoraron la distribución parlamentaria de la pasada legislatura –cuando Cs y Podemos se sentaron por vez primera en la cámara de las Cinco Llagas–, lo impidió. Desde entonces, los dos grandes partidos han mantenido en una interinidad perdurable a veinte altos directivos del susanato, cuyos sueldos han superado durante esta media década el que cobraba la expresidenta de la Junta.

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El poder consiste, básicamente, en decidir cuánto dinero tienen los demás en el bolsillo y fijar los criterios para repartir lo requisado. A la contribución (forzosa) en favor de una causa religiosa se le denomina óbolo. En la Edad Media se llamaba diezmo. Ahora son los tributos. A juicio de los neoliberales, cobrar impuestos es un atentado contra la libertad; para los socialdemócratas, en cambio, permiten redistribuir (socialmente) la renta. Sobre este asunto ha girado históricamente el reparto del poder territorial en España y la eterna cuestión sobre las autonomías. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, todavía anda ocupado con la investidura, la primera batalla de la nueva legislatura. La segunda será la guerra (inmediata) de la financiación autonómica. Un asunto capital que es la causa última de la mayoría de los discursos políticos: la singularidad vasca, la excepcionalidad navarra o el problema catalán.

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Más vale salir de un sitio con una rendición acordada que tras una derrota sangrienta. El problema es que, seis meses después del 2D, el día en el que los socialistas perdieron la Junta de Andalucía tras 36 años de hegemonía, no se sabe muy bien en cuál de estas situaciones se encuentra el PSOE en el Sur. ¿Ha habido una entente para gestionar el relevo o vivimos otra prórroga de la pax armada entre Susana Díaz y Pedro Sánchez? Es un misterio para todos, salvo para sus protagonistas. El presidente del Gobierno (en funciones) sigue enredado con las negociaciones de su investidura. La expresidenta de la Junta continúa desaparecida: ni acudió al debate de los presupuestos de las derechas –donde Vox hizo valer su influencia– ni estuvo tampoco en la investidura de Juan Espadas como alcalde de Sevilla, con quien sí se encargó de coincidir la noche del 26M para lanzar el mensaje de que el regidor está de su lado.

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“No hay de qué preocuparse, sólo se están cumpliendo mis órdenes”. La cita está extraída de Rubicón, el ensayo que el británico Tom Holland escribió en 2003 sobre el tránsito de Roma entre la república y el imperio, una suerte de destrucción creativa cuyo símbolo es el cruce de este famosísimo río por parte de Julio César, al que siguió la guerra entre las dos facciones del senado. Moría la democracia en Roma y nacía el primer totalitarismo global. Algo análogo puede decir esta semana Santiago Abascal, el líder de Vox, después de conseguir una larga serie de cesiones del bipartito (PP-Cs) que gobierna en Andalucía (con su apoyo) tras acceder a desatascar los presupuestos autonómicos. Los ultramontanos saborean sin disimulo los laureles de la victoria: tras amagar con el bloqueo total de la Junta, no abrieron la mano hasta que PP y Cs se comprometieran a interpretar una nueva sinfonía del cambio en el Sur.

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Andalucía sigue marcando la pauta de la política nacional. El Sur se ha convertido en esta ocasión en el mejor termómetro para medir las posibilidades de éxito –y también de fracaso– de la obligada cohabitación entre las tres derechas, de cuya convivencia depende tras el 26M el poder en distintas regiones y una veintena de alcaldías. Si en diciembre se puso por primera vez en práctica el experimento del pacto a dos bandas –PP y Cs en el gobierno; Vox como garante de la mayoría parlamentaria conservadora–, la nueva ronda de pactos a la que abocan las últimas elecciones inaugura otra fase, a priori más problemática. Los ultramontanos de Santiago Abascal ya no se conforman con participar en operaciones de cambio político. Quieren entrar en los gobiernos e influir de forma directa en las instituciones. Y lo están demostrando en Andalucía, donde tras votar la investidura de Moreno Bonilla (PP) como presidente de la Junta y permitir que Cs accedieran al poder, han anunciado, para espanto de populares y naranjas, una enmienda a la totalidad a los primeros presupuestos del bipartito andaluz, que sin su apoyo político carece de mayoría suficiente para aprobarlos. Una enmienda presupuestaria singular, pues se presenta como “negociable”.

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