Los Aguafuertes

El Gobierno y los agentes sociales llevan semanas discutiendo si es pertinente o no para la economía patria subir los sueldos. La ministra del ramo, Fátima Báñez, madre de la infame reforma laboral que destruyó millones de empleos y ha provocado, un lustro después de su entrada en vigor, el empobrecimiento exprés de buena parte de las familias, ha dicho que ya es hora de invertir la tendencia e incrementar –levemente– los salarios. Retórica de ocasión. Sus palabras no van acompañadas de ninguna iniciativa legislativa. Confía la posible solución a la voluntad de empresarios​ y sindicatos, cuyo hipotético acuerdo sólo es orientativo. Los datos oficiales del paro siguen arrojando las luces intermitentes de la ficción estadística creada por nuestros políticos para simular que el muerto mejora. No es verdad. Todo sigue igual.

Los Aguafuertes del lunes en Crónica Global.

Que la justicia española está politizada no es ningún secreto. Que los políticos interpretan todas las sentencias, las propias y las ajenas, en clave interesada tampoco lo es. Ambas cuestiones, la politización propia del gremio y la presión partidaria, que opera en apariencia desde fuera, están presentes desde el primer día en el caso Mercasevilla, una causa a la que nadie habría hecho excesivo caso fuera de Andalucía si de ella no hubiera brotado, como una muñeca rusa, el escándalo de los ERE, que a finales de este año sentará en el banquillo de los acusados a los dos últimos expresidentes de la Junta de Andalucía –Manuel Chaves y José Antonio Griñán​– y a una veintena de altos cargos de sus sucesivos gobiernos.

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El célebre mito de la sanidad pública española comienza a llenarse de sombras. Un informe del Sistema Nacional de Salud, hecho público esta misma semana, certifica que las listas de espera quirúrgicas sumaban en nuestro país a finales de 2016 más de 614.000 pacientes, un 11% más que un año antes. El tiempo de espera para entrar en un quirófano a someterse a una intervención que no fuera urgente –las más numerosas– ascendía a 115 días, cifra que cada semestre evoluciona a peor. Las citas con los especialistas, necesarias para resolver muchas dolencias corrientes, tardan 72 días, un 24% más que doce meses antes. La situación no es idéntica en todas las regiones –Cataluña es de largo uno de los territorios con el tiempo de demora más alto, fijado en 173 días de espera para una operación​– pero refleja un común denominador: los servicios sanitarios públicos cada vez son más ineficaces. A los privados les sucede igual: cobran primas más altas y dan peor asistencia. La única diferencia es que los primeros son de pago obligatorio mientras que los segundos son una opción voluntaria.

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La universidad se ha convertido en un gran negocio. Lo es, en primer lugar, para quienes se dedican a la industria de la docencia en serie, que, como cualquier otra actividad económica, busca maximizar sus beneficios. Pero también es una ocupación rentable en términos de imagen para los políticos huérfanos de ideas, como Susana Díaz, la presidenta de Andalucía, que hace unas semanas se sacó de la manga una sorprendente propuesta para convertir en gratuitas las matriculaciones de los universitarios que hayan aprobado alguna asignatura del curso anterior. La medida, incluida como idea estrella del nuevo programa de gobierno de la jefa de la Junta, que llega dos años después de tomar posesión y tras perder las primarias del PSOE, se presenta como una iniciativa en favor de la igualdad de oportunidades.

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