Andalucía

Los socialistas del Sur han abrazado, con entusiasmo onanista, la singular teoría del lawfare, esa forma de guerra política (importada) que recurre a los procedimientos judiciales espurios para acorralar a los adversarios. Tras el borrado del caso ERE, consumado por la mayoría progresista del Tribunal Constitucional, merced a una abstracción judicial que desprecia la verdad empírica, el expresidente socialista de Andalucía, Manuel Chaves, al que sus devotos piden que regrese a la política activa en vísperas de convertirse en octogenario, proclamó en la sede del partido –calle San Vicente de Sevilla, que no pisaba desde su imputación en la causa de corrupción–, “el principio del fin del ciclo de gobierno de la derecha en Andalucía”. Era un mensaje destinado directamente a los dirigentes del PSOE meridional, destrozados tras perder el escudo de defensa de los ayuntamientos y seis de las ocho diputaciones provinciales. Un ceremonial de autoafirmación con el que el actual secretario general, Juan Espadas, buscaba amansar las voces críticas que se han hecho oír tras la debacle de las europeas. Todo en vano: días después de la restitución simbólica de Chaves –convertido en un santo súbito, huérfano de hornacina– el Adelantado de Ferraz en el Sur recibía una oleada de reproches en el comité director del partido.

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Era cuestión de tiempo que, una vez que el Constitucional ha revisado las condenas por el caso ERE, impugnando las sentencias del Supremo y enmendándose a sí mismo, acogido a una interpretación abstracta que la ley que desprecia las evidencias fácticas –el dinero de los ERE se administró de forma arbitraria y fue origen de una trama de corrupción institucional con independencia del sitio donde se establezca el perímetro de responsabilidad penal (la moral es indiscutible)–, los patriarcas socialistas, líderes históricos de una familia que durante una década ha guardado las distancias con respecto a sus figuras después de que cayeran en desgracia, sacrificando de esta forma la lealtad en favor de la voluntad de supervivencia, reivindicasen con orgullo no sólo su proceder, sino todo su legado político. Al completo. Dicho y hecho: el expresidente de la Junta, Manuel Chaves, convocó ayer jueves en la sede oficial del PSOE andaluz –en la céntrica calle San Vicente de Sevilla, su antiguo dominio– una rueda de prensa para proclamar su honorabilidad y tildar la causa judicial –sentenciada por cerca de veinte jueces distintos de todas las instancias a lo largo del proceso previo a la intervención del Constitucional– como una “cacería política” auspiciada por el PP. Hacer otra cosa diferente habría sido una incoherencia.

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El caso ERE, diez años después de que comenzase su investigación judicial tras un soborno a empresarios de hostelería en la empresa de alimentación del Ayuntamiento de Sevilla dirigido por Alfredo Sánchez Monteseirín, continúa siendo un inmenso pozo de mentiras interesadas. Nadie dice la verdad. Ni el PSOE, que intenta aprovechar a su favor las revisiones de las condenas por prevaricación y malversación de sus antiguos dirigentes por del mayor caso de corrupción de Andalucía, ni el PP, que se ha visto sorprendido por el giro in extremis de una causa –moral, política y penal– que ya daban por amortizada en términos partidarios. Los reflejos del Quirinale y de Génova han sido escasos, por no decir nulos. La derecha ni siquiera intentó una recusación preventiva de la magistrada ponente, Inmaculada Montalbán, nombrada a propuesta de los socialistas, cosa que por el contrario sí trató de hacer –sin éxito– cuando el Constitucional tuvo que pronunciarse acerca de la ley del aborto. Tampoco les va a servir de mucho consuelo su insistencia en que lo que se malversaba era “el dinero de los parados” o su tesis de que fue el PP quien desveló la trama. Ambas cosas son mentira.

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Una de las razones (categóricas) de que en Andalucía no exista, como sucede en Catalunya u ocurre en el País Vasco, un sentimiento de identidad nacional, esa destilación de los anhelos de grandeur de las burguesías periféricas del XIX, es que por el Sur de España han transitado desde tiempos ancestrales –y se han ido asentando sin excesivas discordias– todas las culturas mediterráneas. El Mediodía español es un crisol de naturaleza mestiza. Nadie, salvo aquellos a los que, como decía Borges de los peronistas, cobran por serlo, cree devotamente en un hecho diferencial o en la existencia de un gen –sea biológico o mercantil– singular. Andalucía es una destilación bastarda en la que se mezclan muchos vinos distintos en diferentes odres. Sólo existe un elemento transversal en la mentalidad meridional: la voluntad de no volver a ser relegados por nadie –sea de derechas o de izquierdas– a un subdesarrollo que beneficie a otros a costa del porvenir de Andalucía.

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Es natural que un espectador ajeno a la política y lego en leyes contemple con asombro el espectáculo de ver a los dos órganos judiciales superiores de España pronunciarse de forma dispar, o abiertamente contradictoria, sobre los mismos hechos. El derecho no es una ciencia exacta. Al fin y al cabo, se basa en la exégesis (razonada) de las leyes y su fortaleza deviene de la capacidad de argumentación (jurídica) de sus ministros. Una sentencia debe explicarse a sí misma y persuadir –a las partes y al resto de la sociedad– de que hace realmente justicia. En el caso de la revisión por parte del Tribunal Constitucional de la condena del caso ERE, una trama clientelar organizada por altos cargos del PSOE andaluz que desviaron 680 millones de euros gracias a un sistema para subvencionar en serie, igual que en una cadena de montaje, despidos anticipados, incluso en empresas solventes, estas dos condiciones no se vislumbran. El Constitucional, por supuesto, se explica, pero sus razones no persuaden a todos. Incluidos cuatro de sus miembros, que han emitido votos muy críticos.

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