Política

La hegemonía política, según la célebre descripción de Gramsci, consiste en una destilación armoniosa y equilibrada entre la práctica y la teoría que otorga a quien está en la vida pública una ventaja competitiva –por decirlo en términos estrictos de mercado– frente al resto de sus adversarios. Esta virtud en la que el pensador italiano veía la fórmula mágica para lograr la dominación cultural de una sociedad ha dejado de regir en nuestros días. Ahora cada vez hay menos capacidad para diferenciar los hechos de los juicios y la verdad de las meras opiniones. La mayoría política del PP en Andalucía es un ejemplo. Moreno Bonilla, que se presentará a la reelección por tercera vez dentro de doce meses, salvo que medie un adelanto electoral, ha pasado en los últimos siete años de ser un irrelevante político en la oposición, sin esperanza alguna de salir de ella, a convertirse en el ineludible Rey Sol de la política meridional. ¿Cómo se ha obrado este milagro? Contradiciendo a Gramsci: disociando las ideas de la conducta. Predicando una ideología y ejerciendo la opuesta. Ejerciendo a fondo la realpolitik. 

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No deja de ser una colosal ironía del destino, que es quien gobierna nuestros días y atormenta nuestras noches, que el gran teatro del próximo cónclave de Génova esté siendo representado bastantes semanas antes de su celebración por sus principales actores y los habituales monaguillos –entiéndase el término desde el punto de vista descriptivo y funcional, no despectivo– con el argumento de que este nuevo congreso de la derecha española, el primero ordinario en ocho años, conseguirá “el rearme ideológico” del PP ante una batalla electoral sin fecha cierta, pero tan deseada en un bando como molesta para el contrario. Feijóo hace saber así, a aquel que quiera y pueda entenderlo, que la ponencia política que se aprobará en los albores del próximo mes de julio en Madrid será una declaración solemne con “los principios” que no estarán en venta sean cuales sean los resultados electorales. En principio, parece un buen comienzo. Es discutible que sea además un óptimo final. 

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La política española es como un colosal juego de disfraces donde no rige más regla que la demagogia, esa pragmática para conquistar –o conservar– el poder mediante la dominación tiránica de los ciudadanos gracias al (auto)elogio, la exageración, el exceso y la mentira. Si ustedes dudan de esto, queridos lectores, basta con que recuerden el escepticismo, ingenuo y deslumbrante, del gran Josep Pla, que sostenía: “Sin el pragmatismo localista, la política es pura demagogia; y sin las ilusiones superiores es pura mediocridad administrativa”. Salta a la vista que ni el PP ni el PSOE, que medirán sus fuerzas en Andalucía dentro de algo más de un año, puede que incluso antes si se consuma un súbito adelanto electoral, practican la filosofía del idealismo alemán. Su idea sobre los intereses regionales es, en general, escasa o aérea. Para sus dirigentes todas las batallas políticas territoriales son augurios de la guerra estatal. Así que prevalece de forma natural el elemento populista, compartido por todos. 

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Sostenía Wilde (Oscar) que detrás de un moralista lo que se esconde es un hipócrita colosal. No se trata de una regla exacta, pero, al menos en lides políticas, podríamos decir que la descripción se aproxima bastante a ese cóctel de disimulo y descaro que exige el juego del poder. Al mismo tiempo que Feijóo abría esta semana el melón de la renovación en Génova, su principal socio orgánico, el presidente de la Junta de Andalucía, con quien ha compartido sus secretos durante esta Feria de Abril, anunció que la administración autonómica volverá a personarse como “perjudicada” en la causa de los ERE, pendiente de un hipotético recurso ante las instituciones europeas tras la orden de obediencia debida del Tribunal Constitucional. La respuesta de la Audiencia de Sevilla, que fue quien condenó en primera instancia a los altos cargos del PSOE andaluz por los delitos de prevaricación y, en algunos casos, de malversación, ha puesto en un aprieto a la mayoría gubernamental del Tribunal Constitucional y a los expresidentes socialistas Chaves y Griñán, que ya se consideraban amnistiados por este caso de corrupción sin haber llegado siquiera a solicitar dicha medida de gracia. 

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