Política

El caso ERE, diez años después de que comenzase su investigación judicial tras un soborno a empresarios de hostelería en la empresa de alimentación del Ayuntamiento de Sevilla dirigido por Alfredo Sánchez Monteseirín, continúa siendo un inmenso pozo de mentiras interesadas. Nadie dice la verdad. Ni el PSOE, que intenta aprovechar a su favor las revisiones de las condenas por prevaricación y malversación de sus antiguos dirigentes por del mayor caso de corrupción de Andalucía, ni el PP, que se ha visto sorprendido por el giro in extremis de una causa –moral, política y penal– que ya daban por amortizada en términos partidarios. Los reflejos del Quirinale y de Génova han sido escasos, por no decir nulos. La derecha ni siquiera intentó una recusación preventiva de la magistrada ponente, Inmaculada Montalbán, nombrada a propuesta de los socialistas, cosa que por el contrario sí trató de hacer –sin éxito– cuando el Constitucional tuvo que pronunciarse acerca de la ley del aborto. Tampoco les va a servir de mucho consuelo su insistencia en que lo que se malversaba era “el dinero de los parados” o su tesis de que fue el PP quien desveló la trama. Ambas cosas son mentira.

Los Cuadernos del Sur en La Vanguardia.

Una de las razones (categóricas) de que en Andalucía no exista, como sucede en Catalunya u ocurre en el País Vasco, un sentimiento de identidad nacional, esa destilación de los anhelos de grandeur de las burguesías periféricas del XIX, es que por el Sur de España han transitado desde tiempos ancestrales –y se han ido asentando sin excesivas discordias– todas las culturas mediterráneas. El Mediodía español es un crisol de naturaleza mestiza. Nadie, salvo aquellos a los que, como decía Borges de los peronistas, cobran por serlo, cree devotamente en un hecho diferencial o en la existencia de un gen –sea biológico o mercantil– singular. Andalucía es una destilación bastarda en la que se mezclan muchos vinos distintos en diferentes odres. Sólo existe un elemento transversal en la mentalidad meridional: la voluntad de no volver a ser relegados por nadie –sea de derechas o de izquierdas– a un subdesarrollo que beneficie a otros a costa del porvenir de Andalucía.

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Es natural que un espectador ajeno a la política y lego en leyes contemple con asombro el espectáculo de ver a los dos órganos judiciales superiores de España pronunciarse de forma dispar, o abiertamente contradictoria, sobre los mismos hechos. El derecho no es una ciencia exacta. Al fin y al cabo, se basa en la exégesis (razonada) de las leyes y su fortaleza deviene de la capacidad de argumentación (jurídica) de sus ministros. Una sentencia debe explicarse a sí misma y persuadir –a las partes y al resto de la sociedad– de que hace realmente justicia. En el caso de la revisión por parte del Tribunal Constitucional de la condena del caso ERE, una trama clientelar organizada por altos cargos del PSOE andaluz que desviaron 680 millones de euros gracias a un sistema para subvencionar en serie, igual que en una cadena de montaje, despidos anticipados, incluso en empresas solventes, estas dos condiciones no se vislumbran. El Constitucional, por supuesto, se explica, pero sus razones no persuaden a todos. Incluidos cuatro de sus miembros, que han emitido votos muy críticos.

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