Política

El nacionalismo, cualquiera que sea su máscara, se basa en la sensación compartida de sufrir una afrenta, por lo general inexistente. Da lo mismo si procede de Cataluña, Euskadi, Galicia, Madrid, el famoso rompeolas de todas las Españas; o Andalucía, encerrada en su bucle de perpetuas deudas históricas. Es irrelevante: cualquiera de sus variantes proyecta un discurso (interesado) basado en el victimismo. No existe ningún nacionalista, sea nórdico o meridional, que no afirme sentirse ofendido –aunque la ofensa sea pura ficción– y, en consecuencia, pregone la idea de que merece una compensación, un trato de favor, un régimen jurídico singular con independencia de si éste se basa en un hecho diferencial o en un derecho particular. Todos estos llantos terminan con un autogobierno que debemos financiar todos.

Los Aguafuertes del lunes en Crónica Global.

El pulso del nacionalismo contra la democracia española, que aunque imperfecta es la única que por ahora tenemos, ha provocado, como era previsible, un interminable carrusel de antiguos altos cargos autonómicos acudiendo a los juzgados para explicar ante un juez lo que todos hemos visto (varias veces) en directo: la comisión de (supuestos) delitos contra el ordenamiento constitucional. Han desfilado todos menos Puigdemont, huido a Bruselas en busca de la enésima internacionalización de un conflicto que no existe –ni existirá– porque no estamos ante un litigio político, sino frente al capricho de determinadas élites de apropiarse de lo que nos pertenece a todos: la cultura y los haberes de la Cataluña plural. El saldo de esta aventura está siendo magro; los costes, sobre todo para la sociedad catalana, tremendos.

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