Política

Una impugnación completa enunciada con una gran sonrisa. La victoria de la candidatura de Antonio Maíllo (Lucena, Córdoba, 1966) en la pugna interna por liderar la dirección federal de Izquierda Unida –integrada dentro de la coalición Sumar– supone una enmienda a la totalidad contra los hábitos de conducta del partido creado alrededor de la figura de Yolanda Díaz, que en las últimas dos citas electorales –Euskadi y Catalunya– ha mostrado una debilidad orgánica que contrasta –por asombrosa– con la notable cuota de poder institucional que todavía atesora la vicepresidenta dentro del Gobierno. No sabemos por cuánto tiempo. La elección del político andaluz como nuevo coordinador de la organización de izquierdas, cuyo corazón sentimental y motor fáctico sigue siendo el predio de los herederos del PCE, viene a consolidar otro nuevo círculo de desgracias para Díaz –no tanto para la izquierda a la izquierda del PSOE– cuyo antecedente, nada más comenzar la legislatura, fue el tormentoso divorcio con Podemos, y cuyo duelo definitivo serán las elecciones europeas de junio.

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Napoleón describió una vez el arte de dominar a los hombres con una crudeza pasmosa: un jefe –decía– es un mercader de esperanza. Nada más. Nada menos. De donde se deduce que, sin una gestión inteligente de los anhelos ajenos, sean individuales o comunales, es imposible construir un liderazgo que perdure en el tiempo. La política, por decirlo en romance, consiste en la imposición de la fuerza –mediante las armas o la guerra– o, como está establecido en las democracias occidentales, a través de una mayoría que se expresa con el voto directo o delegado. En este segundo caso, la capitanía de gentes debe ser objeto de constante transacción. No conviene llamarse a engaño: los carismas pueden ser adquiridos en el mercado público –otra cuestión es su precio– en función de la venta al por mayor de promesas, privilegios, beneficios o canonjías. Esta mecánica es la primera cosa que aprenden los políticos en ejercicio, desde el más grande al más diminuto.

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La España autonómica, que a los nacionalistas y a las izquierdas les parece insuficiente y a la derecha excesiva, patrón (oro) de nuestra conflictividad política desde hace muchas décadas, es una abstracción cuyo corpus jurídico –como el de Cristo en la misa católica– reside en la Constitución. Los socialistas llevan lustros hablándonos de federalismo. A su siniestra –el espacio atomizado que se llama Sumar– se entona, sin explicar en qué consiste, la sinfonía de la plurinacionalidad. Y entre las filas del soberanismo vasco y catalán se defienden desde las soberanías paralelas –inexistentes en la Carta Magna– a la independencia unilateral. No es pues nada extraño que no salgamos nunca de esta guerra eterna por cambiar el modelo de Estado, un debate que ya tuvieron los constituyentes y que, al no poder resolverlo de forma satisfactoria, optaron por dejar abierto y al albur de las coyunturas de poder de cada momento. Fue una mala idea: una cosa es lo que dicen los mapas de los generales y otra el terreno que pisa la tropa. Desde Barcelona se critica con frecuencia la naturaleza centralista del Estado –es el famoso Madrid D.F., según la definición del mestre Enric Juliana– y se identifica a la capital de España como una suerte de agujero negro que centrifuga todo a su alrededor. La tesis tiene sustento.

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En casi todas las disciplinas artísticas la complejidad, sea natural o gratuita, es una muestra de madurez y, al mismo tiempo, el temprano preludio de la inevitable decadencia, aunque ésta última demore siglos en manifestarse. Basta estudiar el tránsito entre el Renacimiento –una época histórica en la que los artistas anhelaban emular al clasicismo de los antiguos– y el Barroco –un arte basado en el desengaño vital causado por la certeza de las postrimerías– para darse cuenta de que cualquier exceso puede ser leído indistintamente como muestra de riqueza y, a su vez, a modo de preámbulo de un tiempo lleno de calamidades. Algo similar cabe decir sobre el éxito del turismo en Andalucía, cuyos gobernantes miran con inquietud las manifestaciones que hace una semana llenaron las calles de las Islas Canarias, donde 60.000 personas protestaron por los efectos del turismo masivo.

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