Política

Diez años, diez, con sus días y sus noches, ha tardado la justicia ordinaria en dictaminar que el ilustre catedrático Santiago Romero Granados, exdecano de la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla, cometió –ya podemos obviar la presunción– un delito de abusos sexuales contra tres profesoras de su departamento, de cuyo criterio personal dependían para hacer carrera académica. La noticia ha provocado un escándalo social de ámbito nacional al trascender de los foros estrictamente universitarios, donde los largos silencios acostumbran a decir más de la condición humana que las clases magistrales pronunciadas ex cathedra.

Los Aguafuertes del lunes en Crónica Global.

Cicerón dejó escrito para la posteridad que una de las señales de los tiempos calamitosos era que los hijos habían dejado de obedecer a sus padres. De los padres, sin embargo, el gran orador romano no dijo nada. El segundo indicio de la inminencia de una catástrofe social era que todo el mundo se había puesto a escribir libros. A juzgar por las evidencias, y tras la pasada noche de Reyes, estamos justo en uno de esos instantes: hoy día cualquiera se atreve a publicar una novela y los vínculos familiares, tan celebrados, se han ido a tomar viento. No nos da ninguna pena. Al contrario. Lo celebramos con fanfarria. Una muestra elocuente del cambio de valores que está aconteciendo en el campo de la sensibilidad familiar es el colapso que han sufrido las pasadas semanas, tan entrañables, las notarías del País Vasco –Euskadi, para los indígenas del lugar– después de que una normativa foral de 2015 haya enmendado el injusto derecho común, instaurando así la plena libertad de decisión de los progenitores –léase propietarios– para legar todos sus bienes a sus descendientes o dejarlos sin alpiste. Se acabó la estafa de la legítima, que, a pesar de su nombre, era absolutamente arbitraria.

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No existe nada más egoísta que el corporativismo, que es una forma de nacionalismo difuso cuya falsa patria es el oficio, ese entretenimiento que unos tienen para cobrar todos los meses y otros necesitamos ejercer –a duras penas– para sobrevivir. Decía G.K. Chesterton, al que como escritor católico deberíamos hacer más caso, que en determinadas sociedades la cirugía y la tortura apenas se distinguen por una leve diferencia de grado. Lo mismo sucede en esta legislatura incierta, la primera del unipartidismo bifronte: para unos decidir si los empleados públicos, a los que deseamos todos los parabienes de los que nosotros carecemos, deben ganar más o no es una cuestión de Estado; para otros, el asunto resulta absolutamente demencial.

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