carlosmarmol

El Gobierno y los agentes sociales llevan semanas discutiendo si es pertinente o no para la economía patria subir los sueldos. La ministra del ramo, Fátima Báñez, madre de la infame reforma laboral que destruyó millones de empleos y ha provocado, un lustro después de su entrada en vigor, el empobrecimiento exprés de buena parte de las familias, ha dicho que ya es hora de invertir la tendencia e incrementar –levemente– los salarios. Retórica de ocasión. Sus palabras no van acompañadas de ninguna iniciativa legislativa. Confía la posible solución a la voluntad de empresarios​ y sindicatos, cuyo hipotético acuerdo sólo es orientativo. Los datos oficiales del paro siguen arrojando las luces intermitentes de la ficción estadística creada por nuestros políticos para simular que el muerto mejora. No es verdad. Todo sigue igual.

Los Aguafuertes del lunes en Crónica Global.

Que la justicia española está politizada no es ningún secreto. Que los políticos interpretan todas las sentencias, las propias y las ajenas, en clave interesada tampoco lo es. Ambas cuestiones, la politización propia del gremio y la presión partidaria, que opera en apariencia desde fuera, están presentes desde el primer día en el caso Mercasevilla, una causa a la que nadie habría hecho excesivo caso fuera de Andalucía si de ella no hubiera brotado, como una muñeca rusa, el escándalo de los ERE, que a finales de este año sentará en el banquillo de los acusados a los dos últimos expresidentes de la Junta de Andalucía –Manuel Chaves y José Antonio Griñán​– y a una veintena de altos cargos de sus sucesivos gobiernos.

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