Andalucía

El Sur de España es, desde tiempos remotos, una tierra de frontera. Esta condición obedece al imponderable geográfico: los casi 1.000 kilómetros del litoral meridional se abren a las aguas de la Mar Océana Atlántica, por decirlo en términos clásicos, y al Mediterráneo Occidental. Andalucía es el resultado de un sinfín de vaivenes de fronteras, que fueron cambiando sin cesar durante los siglos que discurren entre las invasiones del Norte de África y la reconquista castellana, que en las tierras del Mediodía se demoró durante casi doscientos cincuenta años, desde la toma de Sevilla (1248) a la rendición del reino nazarí de Granada (1492). Este legado histórico ha tenido dos consecuencias. Primera: la identidad cultural del Sur de España es una suma (heterodoxa) de distintas civilizaciones, cada una de las cuales ha dejado, en mayor o menor grado, su particular huella. Su herencia. No es posible, salvo por intereses fenicios, definir un hecho diferencial andaluz, al modo de los nacionalismos del Norte. Tampoco cabe hablar, salvo que se quiera incurrir en el ridículo, de pureza cultural, racial o social. Andalucía es sincretismo. Acarreo y mezcla. Sedimentación. Promiscuidad.

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En política, lo mismo que en la vida, andar jugando con las cosas de comer es un hábito que causa disgustos y, de forma infalible, termina provocando graves discordias familiares. Si la España autonómica, que nada tiene que ver con la federal, como falsamente proclaman los interesados en que la sociedad no distinga lo que ha votado de aquello que se construye en contra su voluntad y hasta de sus intereses, puede equipararse a una congregación, lo cierto es que la política territorial del Gobierno no ayuda a la concordia ni contribuye a la cooperación. Al contrario: alimenta los agravios –reales o imaginarios– entre supuestos iguales que nunca lo han sido de facto, pero hasta ahora al menos tenían la estéril ilusión de serlo de iure.  Esta es la primera consecuencia de la asimetría consentida que la ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, ratificada (sin primarias) hace ahora una semana como nueva líder del PSOE meridional, camufla en una operación con distintas etapas que tiene en la quita de la deuda autonómica su primera fase, y que depende de una mayoría parlamentaria que, en estos momentos, cuando se celebra el 28F en Andalucía, no está en absoluto garantizada.

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Maquiavelo, uno de los grandes héroes de la filosofía política, cuya sabiduría se sustentaba en la observación y la experiencia más que en criterios de orden moral, decía que los hombres son capaces de olvidar con más facilidad la muerte de sus propios padres que la pérdida de su patrimonio. Si el diplomático florentino pudiera levantar la cabeza y contemplase ahora las últimas discordias políticas de Andalucía, que es la región más parecida a Italia que existe en España, se asombraría de la asombrosa exactitud de su parábola. Todos los partidos políticos de la gran autonomía del Sur, desde la siniestra hasta la derecha, conciben el autogobierno como una suerte de monopolio en el que la paternidad se confunde con el mayorazgo, como si ambas cosas fueran idénticas y los siervos del antiguo sistema feudal todavía tuvieran que agradecer a la gracia de los signori su capacidad legislativa.  Se trata de un síntoma de la perversión del legado andalucista, que desde hace cuatro décadas es objeto de litigio entre todas las fuerzas del arco parlamentario, incluidas las difuntas, como el Partido Andalucista.

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Una de las indudables virtudes (partidarias) de los dos gobiernos de la derecha en Andalucía, el primero en coalición con Cs y sostenido con el apoyo parlamentario de Vox, y el actual con el PP como único actor que declama el mismo monólogo, es su extraordinaria habilidad para simular un cambio político que nunca ha existido o que, en el mejor de los casos, sólo es un escabeche colosal, pues no se ha traducido en reformas concretas, de fondo o sustanciales. Moreno Bonilla practica desde el día que entró en el Palacio de San Telmo un gatopardismo amable: esa actitud pacífica, estudiada, altamente escénica, que consiste en no cambiar nada, salvo la decoración, aunque de cara a la galería se presuma de hacer lo contrario. Ha asumido como propia la herencia acumulada de todos los gobiernos socialistas que le antecedieron. 

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El cebo es el elemento esencial de todas las trampas. Especialmente en el caso de las celadas políticas. Su mecanismo es un prodigio de simplicidad: se trata de mostrar ante aquel a quien se quiere engañar algo que atraiga irremediablemente sus deseos –el hambre, la vanidad, el desatado placer del orgullo– para que acuda presto allí donde queremos que esté con el fin de que, mientras se regodea con regocijo, asestarle el golpe de gracia, encerrarlo en la jaula de sus obsesiones o amordazarlo. Dependiendo de cuál sea grado de crueldad de la guerra. Los socialistas andaluces, que dentro de veinte días celebrarán su congreso regional en Armilla (Granada), sin primarias y bajo el control de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que ha ordenado adelantar los cónclaves provinciales para garantizarse la mínima discusión interna, comienza a agitar un señuelo para conjurar su gran problema: conciliar la negociación de un cupo catalán que otorgue a la Generalitat el control de todos los tributos estatales en Catalunya sin provocar la desafección de sus votantes en Andalucía. 

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