Crónica Global

de la sociedad española empezó a confundir el derecho constitucional de portar una bandera, la que fuere, con la certeza de tener siempre la razón. Evidentemente, se trata de dos cosas absolutamente distintas. Cualquiera puede salir a la calle a reclamar de forma pacífica y civilizada lo que considere conveniente –es uno de los derechos fundamentales protegidos por cualquier democracia– y, otra, radicalmente diferente, presumir sin dudar que lo que se demanda es justo y necesario (por decirlo en términos evangélicos) de forma automática, como si realmente existiera una relación causa-efecto entre pedir algo y obligatoriamente obtenerlo. La historia, que para Cicerón era maestra de vida y para Cervantes la madre de la verdad, nos enseña justo lo contrario: muchas de las causas sociales más nobles tuvieron que luchar contra la incomprensión o fueron perseguidas no solo por sus planteamientos, sino porque, al manifestarse, funcionaban como un espejo, mostrando verdades que la mayoría circunstancial de cada momento no quería ver.

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La honda devoción que mueve a los monárquicos, esos animales mitológicos que en España nunca fueron demasiados y últimamente cada vez son menos, es una aspiración irracional. Por mucho que defiendan a la monarquía como un sistema ideal, la realidad se encarga, con obstinación mayúscula, de convertir este deseo en un desengaño recurrente que no tiene ni el magro consuelo de la melancolía. La segunda regularización fiscal del rey emérito, por importe de 4,4 millones de euros, hecha pública hace unos días por sus abogados, lo evidencia. Al mismo tiempo, pone en crisis cualquier opción seria de reforma integral de la institución desde dentro. Y, lejos de facilitar el camino para un posible regreso, salvo citación sobrevenida de la Fiscalía, aleja el retorno en el calendario. Probablemente para siempre.

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Tiene razón el vicepresidente Iglesias Turrión, marqués de Galapagar, cuando cuestiona que en España exista una verdadera democracia. Un sistema de libertades, entre otros requisitos, como la separación de poderes y las elecciones abiertas, exige el estricto cumplimiento de la ley sancionada, que desde el punto de vista jurídico es la única expresión de la voluntad popular que existe. En España esto no sólo no ocurre, sino que desde las instituciones de todos se anima a incumplir las normas democráticas. Iglesias es un ejemplo perfecto: según su vara de medir, todo lo que no cuadre con su particular idea de la democracia –que es más bien difusa y caprichosa– queda automáticamente catalogado como una amenaza pública, mientras que aquello que le agrada, por ejemplo los escraches ajenos, adquiere la condición de acto ejemplar aunque contradiga el ordenamiento jurídico.

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El candado inmisericorde de la ley electoral –paradójicamente, sigue siendo la española– consolidó esta noche la mayoría independentista en el Parlament de Cataluña pero deja sin resolver, una vez más, el bloqueo político en el que se encuentra sumida la política catalana, y por tanto también la española, desde hace una década, cuando comenzó el infausto procés. Los nacionalistasavanzan en su división interna sin dejar de sumar votos. Continúan siendo dominantes frente a los atomizados partidos constitucionalistas, que retroceden en escaños –cuatro menos– y además, en esta ocasión, sufren una significativa metamorfosis.

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muchos les parecerá increíble, pero siempre hemos pensado que las caricaturas, sobre todo las que publicaban los periódicos decimonónicos, son mucho más exactas que las fotografías. Básicamente porque la realidad no es armónica y se nos presenta bajo la caprichosa forma de una constelación de deformaciones. Cada uno de nosotros tiene la suya. Es esa señal –léase el don, el defecto, la virtud o el pecado– que nos define y nos distingue de los demás. Nuestras taras pueden ser semejantes, pero ninguna de ellas se conjuga de idéntica forma. Viene todo esto al caso del asombro que nos provoca la capacidad del nacionalismo para contagiar todo lo que toca. Basta repasar la Historia de España desde finales del siglo XIX, que es cuando cristalizan los identitarismos ibéricos en su formulación burguesa, para darse cuenta de que nuestra realidad política no sería la que es si hubiéramos fabricado a tiempo una vacuna cultural contra esta pandemia. La España actual no se entiende sin estos antecedentes. Tampoco se comprende si no se tiene en consideración el síndrome de la compensación que los nacionalismos –ésta es su victoria– han inoculado en parte del imaginario del resto del país, que piensa que efectivamente hay un agravio histórico que debería solventarse cuando lo único que existe es un relato interesado basado en la industria victimismo. Ya saben: la eterna cuestión del encaje de Cataluña en España.

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