El Mundo

Agosto irrumpe en nuestras vidas con el exilio real, tercera fase del plan de metamorfosis de la monarquía que comenzó con la abdicación regia y siguió con el repudio filial, instantes súbitos de la reforma lampedusiana de nuestra más alta magistratura. El Reverendísimo, luz que nos guía hacia las estrellas, 24 horas después del destierro monárquico, nos informa: «Respeto la decisión de Juan Carlos I. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria y en un Estado serio las instituciones son incuestionables. Mi apoyo al Rey Felipe VI». El primer argumento es personal -y, por tanto, irrelevante-, el segundo es una obviedad (constitucional, eso sí) y el tercero es directamente cuestionable. No tanto por la decisión del emérito, sino por un principio básico: en democracia todo es cuestionable mientras se respete la ley. ¿Está acaso queriendo decir Il Presidentino que Él, como representante de la autonomía, que en estas cuestiones de Estado no tiene nada que opinar porque carece de competencias ciertas, es también incuestionable?

Las Crónicas Indígenas en El Mundo.

La historia de la República Indígena, esos casi cuarenta años de autonomía que todavía no han conseguido eliminar la distancia –en algunos aspectos sideral– que nos diferencia del resto de España y nos aleja del bienestar europeo, está llena de acuerdos de concertación, pactos entre políticos, empresarios y sindicatos y solemnes declaraciones de buenas intenciones. La unión hace la fuerza –dicen– pero también delimita el perímetro del desastre. De los acuerdos de concertación de los gobiernos socialistas salieron las subvenciones de las que viven o se han lucrado patronal y sindicatos –cuya representatividad es mucho más testimonial que real– y, como hijos malditos, casos de corrupción como los cursos de formación (fantasma) o la paz sucia de los ERES. Dados estos precedentes, ver al Reverendísimo Bonilla celebrar (con los codos) el acuerdo de reconstrucción de la Marisma con UGT, CCOO y la CEA mediante una rúbrica en el Quirinale no es que sea especialmente gratificante, sobre todo cuando sabemos que el dinero público no siempre sirve para aquello que se promete, sino, más bien al contrario, se desvía para actividades cuestionables con la coartada de la concordia social.

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Una de las peores consecuencias de la pandemia, que lleva meses matando a más gente de la que nos cuentan y desmintiendo la carísima e inútil propaganda de gobiernos, autonomías y demás ralea –llámenle ustedes autoridades, si gustan–, es la invasión constante del poder gubernativo en la vida cotidiana e íntima. Por nuestro bien, por supuesto. Que un policía te obligue a cumplir una normativa parece un acto razonable. Y lo es. El misterio es la razón por la que ese mismo agente no hace exactamente lo mismo el resto del año. Desde luego, no es por falta de trabajo: tenemos normas para las vidas que, por falta de tiempo, no viviremos.

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Decía Heráclito, filósofo griego, que el sol, sin dejar de ser el mismo astro, es nuevo cada día. El símil es aplicable a las políticas sobre los ancianos en la Marisma: todos las defienden pero casi nadie hace mucho para que se conviertan en una prioridad. ¿Podríamos llamarlo hipocresía? Sin duda. Hipocresía sucesiva. Si los socialistas privatizaron la dependencia por su incapacidad para crear una red de geriátricos públicos, las derechas han consolidado este modelo y, a pesar de los muertos provocados por el coronavirus en los asilos, ponen una y otra vez paños calientes a una situación inmoral. Cosa muy de esperar: el día que Rocío Ruiz, la consejera estatua, se desdijo de un artículo suyo en prensa en el que criticaba la Semana Santa tras recibir la reprobación de Vox, enmendándose a sí misma, quedó claro que sus principios son marxistas (de Groucho): si hay que cambiarlos, se cambian. Ningún problema.

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DE entrada, si uno no quiere hacer mucho el canelo, conviene partir de la base de que todas las encuestas electorales que en el mundo han sido -y serán- no son más que una forma costeada de mentir con el sustento aparente de las estadísticas. No se trata sólo de que en todas ellas exista cocina; es que son brebajes poco saludables, condimentados además por aquel que las encarga, porque pagarlas, lo que se dice pagarlas, tanto la que embellece estos días a los escabechistas, como la otra -esa ocurrencia que nos presenta como cosa cierta el delirio de los susánidas– las pagamos todos nosotros. De forma directa o indirecta ambas se abonan con dinero público. Pagamos, en consecuencia, para que nuestros políticos presuman de un ascendente electoral que es indudable que no tienen.

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