Los Aguafuertes

Lo hemos escrito en alguna ocasión: las palabras cuentan. En España, ese perfecto galimatías, sin embargo, su significado tiende a mudar en función de cuáles sean los intereses en liza, lo que evidencia las trampas –y egoísmos– que condicionan la discusión pública, donde a cosas que desde antiguo cuentan con su propio nombre se las denomina por conveniencia de manera distinta. Detrás de un eufemismo habita algo aún peor que una mentira: una media verdad. Tenemos un ejemplo en el debate sobre la capitalidad culturalcompartida entre Madrid y Barcelona, una idea resucitada tras el acuerdo suscrito por Pedro Sánchez y Ada Colau esta semana, después de la entrevista entre el presidente del Gobierno y el Ciudadano Torra, jefe virtual de la Generalitat, inhabilitado por la Justicia para el cargo que todavía ocupa. La propuesta, apoyada por amplios sectores sociales de Barcelona, consiste básicamente en que la Capital Condal reciba anualmente del Estado –que administra los impuestos de todos– una aportación económica para equipamientos culturales de naturaleza extraordinaria, al margen de la cantidad que ya percibe, del orden de 25 millones de euros. Hay quien piensa, entre ellos el ilustre Manuel Valls, que se trata de una fórmula inteligente para combatir al independentismo, que aspira a controlar las instituciones locales de Barcelona para ponerlas al servicio de su causa tribal. La prueba –dicen– es que la iniciativa ha contado ya con la significativa displicencia de Torra que, fiel a la tradición nacionalista, juzga la fortaleza cultural de la capital de Cataluña como un obstáculo para el éxito de su distopía regresiva.

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Antonio de Guevara, ilustre ensayista del Renacimiento, decía que en las cortes –léase en las ciudades, que era donde los reyes solían instalarse– “todos dicen haremos pero ninguno dice hagamos”. Muchas promesas, pero escasos resultados. Lo recordaba al ver las imágenes de los agricultores de Don Benito (Badajoz) en pie de guerra contra el Gobierno tras conocer la última subida del salario mínimo, que encarecerá (por decreto) los costes de producción de un sinfín de explotaciones agrícolas cuyos dueños, en vez de resignarse ante lo que algunos llaman la globalización –un sistema económico regido por la desigualdad y la ley del más fuerte–, se han levantado, igual que los ancestrales comuneros castellanos, en demanda de una regulaciónmás justa de la cadena de distribución comercial que vende sus productos. Se trata de una guerra imprevista que nadie, al parecer, esperaba, pero que va a condicionar el arranque de esta legislatura de las virtudes, dominada –de momento– por una constelación de fuerzas políticas (PSOE, Podemos e independentistas) que pretenden implantar de factoun nuevo régimen político en España, saltándose las exigencias de los procesos constituyentes. Con nocturnidad y alevosía.

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Eduardo Haro Tecglen, histórico articulista de la revista Triunfo, define el activismo político en su Diccionario de Política como “un peligro para cualquier partido”. Su explicación es la siguiente: “La inercia o la pereza del afiliado puede terminar dejando en manos del activista la dirección y la fisonomía del partido a pesar de que su inteligencia, su capacidad de análisis y su calidad política suele ser baja. Pese a la apariencia de vanguardia, el activista constituye una rémora para cualquier trabajo serio de partido”. Se trata de una descripción que, aunque subjetiva –Tecglen escribe un diccionario de autor–, nos parece acertada y hasta premonitoria, si tenemos en cuenta que se publicó en 1974, antes de la muerte de Franco.

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Una de las prácticas políticas más antiguas que existen consiste en disfrazar la realidad, atenuándola o exacerbándola, mediante las artes del lenguaje. La oratoria, ciencia aplicada de la retórica, es el origen de esta tradición que busca seducir, persuadir o convencer a través de las palabras. Por desgracia, es una disciplina que ya no se practica ni en los colegios ni en la vida pública, donde escuchar un buen discurso –con argumentos– se ha convertido en una anomalía exótica. Lo que ahora se llevan son los argumentarios (comerciales) para las mentes simples y las neolenguas que practican las sectas de lo políticamente correcto. Los políticos, como es sabido, mienten en todas las variantes posibles: faltan a la verdad, la enuncian a medias o sencillamente la evitan, según conveniencia. Por eso resulta vital, si uno quiere ser un ciudadano digno de tal nombre, cuestionarse los términos con los que desde el poder nos bombardean a diario. El nuevo Gobierno, nacido de un acuerdo indeseado por sus propios protagonistas, pero que ha terminado imponiéndose ante la debilidad de todos, se define como “progresista”. En realidad, es un Ejecutivo liberal porque, como ya demostrara Pessoa en El banquero anarquista, la mejor forma de ejercer de ácrata es tener dinero. No hablamos, por supuesto, de liberalismo económico –con Montero al frente de Hacienda la ecuación siempre es la misma: más impuestos y peores servicios públicos–, sino de apertura mental.

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La prudencia, que es una de las virtudes cardinales, aconseja no prometer a nadie aquello que uno no está en condiciones ciertas de otorgar. En la política española, sin embargo, es una cualidad moral que rara vez se practica: casi todos los debates de nuestra vida pública son una sucesión (infinita) de trampantojos. Sin ir más lejos, tenemos un ejemplo categórico en la (¿exitosa?) investidura de Pedro I, el Insomne. El sustento de su acuerdo con Podemos y los nacionalistas consiste precisamente en esto: en garantizar algo que no depende (por fortuna) de la voluntad del nuevo jefe del Ejecutivo. El margen de movimientos del nuevo Gobierno es relativo porque, antes o después, igual que le sucedió en su día al Govern, se encontrará con la pared de la ley, que en cualquier democracia es el único patrón que existe.

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La suerte está echada y la investidura casi resuelta, pero el presente inmediato de eso que todavía nos atrevemos a llamar España augura un desastre político duradero, de dimensiones colosales y equivalente al que se vivió hace ahora más de un siglo. Concretamente en 1898, cuando se perdieron las últimas colonias de ultramar –vestigios postreros de un imperio en decadencia– y el país real se hundía en la miseria moral al mismo tiempo que sus élites acudían a los toros, previo paso (espirituoso) por el casino del pueblo. El sistema institucional de la Restauración, basado en un turnismo de conveniencia creado para evitar las tentaciones revolucionarias, se venía definitivamente abajo, el caciquismo consolidaba su poder (el mayorazgo) en todos los villorrios y la vida social quedaba supeditada a los dogmas eclesiales. Los intelectuales de aquel tiempo se preguntaron por el significado de España, ese arcano, y propusieron una reforma del país que lo librase de la ignorancia, el atraso secular y la corrupción endémica. Querían, cada uno a su modo, resucitar una patria cultural que parecía anímicamente muerta.

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