Política

El optimismo de nuestros políticos es tal que, dados los oscuros tiempos que vivimos, puede terminar siendo mortal. Literalmente. Uno se pregunta los motivos por los que hace algo más de un mes escaso levantaron el confinamiento sin que hubiera avance alguno en el frente sanitario y no encuentra otra razón, porque no existe, más que el interés económico, que no es exactamente lo mismo que el interés general. En caso contrario, no se comprende que llamen nueva normalidad a la inconsciencia institucional, para la que la hacienda vale más que la vida. El incremento de los rebrotes, que multiplican los contagios exponencialmente, no es que fuera una hipótesis. Es que era una certeza y, ahora, una desgracia capital. ¿Se podía haber hecho mejor? Indudablemente. El problema es que, igual que en el juego de la mosqueta -¿dónde está la bolita?-, nuestros gobernantes han pasado de ser unos perfectos irresponsables -minimizaron el riesgo del coronavirus y no calibraron la factura social que arrastraría- a transferirnos a los ciudadanos toda la responsabilidad que ellos jamás tuvieron.

Las Crónicas Indígenas en El Mundo.

Agosto irrumpe en nuestras vidas con el exilio real, tercera fase del plan de metamorfosis de la monarquía que comenzó con la abdicación regia y siguió con el repudio filial, instantes súbitos de la reforma lampedusiana de nuestra más alta magistratura. El Reverendísimo, luz que nos guía hacia las estrellas, 24 horas después del destierro monárquico, nos informa: «Respeto la decisión de Juan Carlos I. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria y en un Estado serio las instituciones son incuestionables. Mi apoyo al Rey Felipe VI». El primer argumento es personal -y, por tanto, irrelevante-, el segundo es una obviedad (constitucional, eso sí) y el tercero es directamente cuestionable. No tanto por la decisión del emérito, sino por un principio básico: en democracia todo es cuestionable mientras se respete la ley. ¿Está acaso queriendo decir Il Presidentino que Él, como representante de la autonomía, que en estas cuestiones de Estado no tiene nada que opinar porque carece de competencias ciertas, es también incuestionable?

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La historia de la República Indígena, esos casi cuarenta años de autonomía que todavía no han conseguido eliminar la distancia –en algunos aspectos sideral– que nos diferencia del resto de España y nos aleja del bienestar europeo, está llena de acuerdos de concertación, pactos entre políticos, empresarios y sindicatos y solemnes declaraciones de buenas intenciones. La unión hace la fuerza –dicen– pero también delimita el perímetro del desastre. De los acuerdos de concertación de los gobiernos socialistas salieron las subvenciones de las que viven o se han lucrado patronal y sindicatos –cuya representatividad es mucho más testimonial que real– y, como hijos malditos, casos de corrupción como los cursos de formación (fantasma) o la paz sucia de los ERES. Dados estos precedentes, ver al Reverendísimo Bonilla celebrar (con los codos) el acuerdo de reconstrucción de la Marisma con UGT, CCOO y la CEA mediante una rúbrica en el Quirinale no es que sea especialmente gratificante, sobre todo cuando sabemos que el dinero público no siempre sirve para aquello que se promete, sino, más bien al contrario, se desvía para actividades cuestionables con la coartada de la concordia social.

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