Política

Agosto irrumpe en nuestras vidas con el exilio real, tercera fase del plan de metamorfosis de la monarquía que comenzó con la abdicación regia y siguió con el repudio filial, instantes súbitos de la reforma lampedusiana de nuestra más alta magistratura. El Reverendísimo, luz que nos guía hacia las estrellas, 24 horas después del destierro monárquico, nos informa: «Respeto la decisión de Juan Carlos I. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria y en un Estado serio las instituciones son incuestionables. Mi apoyo al Rey Felipe VI». El primer argumento es personal -y, por tanto, irrelevante-, el segundo es una obviedad (constitucional, eso sí) y el tercero es directamente cuestionable. No tanto por la decisión del emérito, sino por un principio básico: en democracia todo es cuestionable mientras se respete la ley. ¿Está acaso queriendo decir Il Presidentino que Él, como representante de la autonomía, que en estas cuestiones de Estado no tiene nada que opinar porque carece de competencias ciertas, es también incuestionable?

Las Crónicas Indígenas en El Mundo.

La historia de la República Indígena, esos casi cuarenta años de autonomía que todavía no han conseguido eliminar la distancia –en algunos aspectos sideral– que nos diferencia del resto de España y nos aleja del bienestar europeo, está llena de acuerdos de concertación, pactos entre políticos, empresarios y sindicatos y solemnes declaraciones de buenas intenciones. La unión hace la fuerza –dicen– pero también delimita el perímetro del desastre. De los acuerdos de concertación de los gobiernos socialistas salieron las subvenciones de las que viven o se han lucrado patronal y sindicatos –cuya representatividad es mucho más testimonial que real– y, como hijos malditos, casos de corrupción como los cursos de formación (fantasma) o la paz sucia de los ERES. Dados estos precedentes, ver al Reverendísimo Bonilla celebrar (con los codos) el acuerdo de reconstrucción de la Marisma con UGT, CCOO y la CEA mediante una rúbrica en el Quirinale no es que sea especialmente gratificante, sobre todo cuando sabemos que el dinero público no siempre sirve para aquello que se promete, sino, más bien al contrario, se desvía para actividades cuestionables con la coartada de la concordia social.

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Una de las peores consecuencias de la pandemia, que lleva meses matando a más gente de la que nos cuentan y desmintiendo la carísima e inútil propaganda de gobiernos, autonomías y demás ralea –llámenle ustedes autoridades, si gustan–, es la invasión constante del poder gubernativo en la vida cotidiana e íntima. Por nuestro bien, por supuesto. Que un policía te obligue a cumplir una normativa parece un acto razonable. Y lo es. El misterio es la razón por la que ese mismo agente no hace exactamente lo mismo el resto del año. Desde luego, no es por falta de trabajo: tenemos normas para las vidas que, por falta de tiempo, no viviremos.

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